Recientemente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ordenaba la retirada de diversas presentaciones de medicamentos con el principio activo denominado ‘valsartán’, indicado habitualmente como tratamiento para la hipertensión arterial. La medida, que afectaba no solo a España sino a toda Europa, obedecía a la detección en algunos lotes concretos, aunque en cantidades mínimas, de unas sustancias denominadas nitrosaminas clasificadas por la OMS como «potencialmente cancerígenas». La retirada se ordenaba por precaución y se recomendaba a los pacientes en tratamiento con esos medicamentos que no lo suspendieran sin que su médico lo autorizara o sustituyera antes por otro.
Cuando esta alerta sanitaria saltaba a las primeras páginas de los medios de comunicación y era conocida por la opinión pública, el problema estaba prácticamente resuelto en España, gracias a un sistema sanitario que integra la prestación farmacéutica como una parte fundamental del mismo, y que contempla el medicamento como lo que es, no como una mercancía o un producto de consumo, sino como un bien sanitario cuya prescripción y dispensación debe estar en manos de profesionales expertos, y su trazabilidad plenamente controlada por éstos y por las autoridades sanitarias.
¿Qué es eso de la trazabilidad, de la que tanto se habla habitualmente en seguridad alimentaria aunque bastante menos en relación con los medicamentos? Básicamente, consiste en conocer la ubicación y trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado. En España, la trazabilidad de los medicamentos está garantizada por un modelo de Farmacia y de Distribución, ambos bajo control profesional de los propios farmacéuticos, asistencial, planificado y regulado por los poderes públicos e integrado dentro de un sistema sanitario global.
¿Qué fue lo que pasó con el valsartán tras la alerta sanitaria de la AEMPS? Pues que gracias a esa trazabilidad y a la colaboración de los colegios profesionales con las autoridades sanitarias, los farmacéuticos conocieron rápidamente cuáles eran los lotes afectados y procedieron a su retirada inmediata de la circulación, con un grado de control y precisión que hubiera sido imposible en un sistema de organización diferente. Pero no solo eso. El alcance de la intervención sanitaria fue, por supuesto, mucho más allá de los lotes no distribuidos, afectando también a las unidades ya dispensadas, que los pacientes pudieron cambiar fácilmente con una simple visita a la farmacia, donde un profesional del medicamento les informaría si su envase pertenecía a uno de los lotes afectados y, en caso de comprobación positiva, su inmediata sustitución en el mismo acto por un envase de otro medicamento con la misma composición cuali-cuantitativa, a coste cero, y sin necesidad de tener que acudir al médico para una nueva prescripción o la sustitución del tratamiento.
Lo acaecido no fue muy diferente a lo que ocurre con las decenas de alertas sanitarias que se producen al cabo del año, y que no llegan siquiera a alcanzar relevancia pública porque son resueltas de forma satisfactoria en el primer eslabón del sistema sanitario, el de la farmacia, evitando problemas de salud a los pacientes, así como molestias por visitas innecesarias a los centros de salud, o masificación de éstos.
Todo ello, como decía anteriormente, es posible porque España dispone de un modelo de Farmacia integrado dentro del sistema sanitario y orientado hacia objetivos de salud pública. El mérito es del modelo, del sistema que lo acoge y de los profesionales de la salud que actúan en coordinación con las autoridades sanitarias. Aunque a veces los ciudadanos seamos muy críticos con el sistema, y pese a sus imperfecciones, que las tiene, debemos sentimos orgullosos de contar con una sanidad pública universal -que atiende a todos por igual, con independencia de nuestro lugar de residencia o nuestro nivel de renta- y con un sistema de Farmacia capaz de dispensar cualquier medicamento, por novedoso que sea, en todos los rincones de España, y al mismo precio para todos los ciudadanos. Gracias a ello, alertas sanitarias como la del valsartán son resueltas de modo efectivo y casi inmediato, dentro de un esquema que prioriza la salud de los pacientes por encima de todo, que garantiza la coordinación de los profesionales, que permite conocer con precisión la trazabilidad de los medicamentos y que otorga la prescripción y dispensación de estos en manos expertas.
En resumen, la alerta del valsartán nos ha dejado varias lecciones. En primer lugar, que los protocolos establecidos funcionan exactamente como y cuando han de hacerlo. En segundo lugar, que la organización del modelo español de Farmacia, basado en los principios de universalidad y de capilaridad e integrado con el sistema sanitario, ha atendido las demandas ciudadanas de la forma que se esperaba de él. Y, en tercer lugar, que los ciudadanos pueden confiar en las autoridades sanitarias, en los colegios y en los profesionales, que suelen estar a la altura de las circunstancias cuando se les necesita.