Los sufridores seguidores béticos llevamos un año tremendo. Lo único que mitiga el dolor es que no ha sido una sorpresa, que nos lo veníamos venir: tanto cambio de entrenador, tanta táctica nueva, tanta falta de incentivación de los profesionales, tanta improvisación, tantos malos resultados… dieron con nuestro equipo en la Segunda División del futbol español.
Ahora bien, aunque el desenlace no nos haya cogido por sorpresa, nos ha dejado pasmados enterarnos por la prensa –como solía ocurrir en España con las cosas importantes- que el equipo del manque pierda ya no perdía dinero sino que se había ido a Segunda con ¡un superávit de 24 millones de euros! Se preguntarán ustedes, como yo mismo me pregunto, que cómo es posible que ocurra algo así; que cómo -con la excusa de las dificultades de tesorería- se pueden tomar medidas tan radicales de ajuste.
La explicación era que el Betis estaba intervenido judicialmente, que lo prioritario era saldar las deudas, prescindir de aquellos profesionales cuyos contratos eran más altos y contratar a otros que también lo iban a dar todo por los colores cobrando menos. Se decía que los informes especializados avalaban las medidas tomadas, que estaba todo trazado meticulosamente, según los guiones de la autoridad económica, y que se iban a alcanzar todos los objetivos. Nadie previó que el plan diseñado en los despachos podía no funcionar y que, en ese caso, el resultado sería el descenso del equipo a Segunda División, como de hecho sucedió.
Guiones similares, trazados por asesores infalibles en la teoría pero desacertados en la práctica, se aplican actualmente en otros sectores de la economía nacional en base a un mismo pensamiento único. Me produce escalofríos imaginar la extrapolación al mundo sanitario de lo que le ha sucedido al Betis este año. Bajada de precios, exclusiones de medicamentos, trabas burocráticas a las nuevas incorporaciones, subastas, alternativas terapéuticas equivalentes, copagos, precios menores, precios notificados, precios más bajos, menor precio, precios de referencia, euro por receta declarado finalmente ilegal, algoritmos, cataloguiños, salida de los DH también declarada ilegal… están obteniendo como resultado una importante disminución de la factura en el gasto en medicamentos dispensados a través de las oficinas de farmacia españolas (equiparables a los renombrados veinticuatro millones béticos), pero dando con los huesos de la prestación farmacéutica en segunda división (aparición de farmacias VEC -viabilidad económica , retrasos en los pagos por los medicamentos dispensados, constantes cambios en la medicación de los pacientes por desabastecimiento de moléculas habituales, desabastecimientos de comprometida) medicamentos adjudicados mediante licitación, desplazamiento de pacientes a centros hospitalarios a recoger su medicación DH, precios irrisorios –escasos céntimos- de algunos medicamentos… y un largo etcétera).
Leí hace unos días las declaraciones de uno de los responsables sanitarios españoles, en las que decía que “cualquier ahorro que se consiga sin perder ni derechos ni prestaciones ya es un logro”. Dicho así, tan claro y tan rotundo, hasta podríamos coincidir en el fondo con el mencionado planteamiento; no obstante, al analizar detenidamente su alcance me asaltó una gran preocupación por dos motivos: el primero era si se habían previsto los mecanismos adecuados para frenar a tiempo las medidas de ahorro antes de que la caída de la calidad o la dificultad para mantener algunas prestaciones fuera irreversible; el segundo aspecto, más que preocupación me producía una sensación de disgusto irreprimible. ¿Más ahorro? ¿A costa de qué? ¿A costa de quién? O, dicho de otra manera, ¿quiénes serían los perjudicados por esas medidas de ahorro? Evidente y terriblemente, a la vista de las experiencias vividas con anterioridad, la respuesta a ambas cuestiones era clara. Los perjudicados iban a ser, una vez más, las oficinas de farmacia. Y de forma irremediable e irreversible, porque en España incluso las medidas más lesivas se tornan perpetuas al no articularse nunca los mecanismos de frenada y marcha atrás una vez que se dictan. En nuestro país, las medidas vienen para quedarse aunque sus resultados superen con creces las expectativas.
Es fundamental, por tanto, actuar con responsabilidad. Siempre se puede seguir ahorrando hasta la completa ruina de los profesionales prestadores de los servicios; siempre se puede seguir disminuyendo el precio de los medicamentos hasta llegar al precio cero, porque siempre habrá quién obtenga un beneficio material con ello, aunque sea a largo plazo; y siempre se puede legislar impunemente porque la lentitud de la justicia habilita durante mucho tiempo cualquier norma publicada en los boletines oficiales españoles.
Volviendo al Betis, cuando se cambió por segunda vez al entrenador, cuando se reforzó la plantilla en enero buscando torcerle el pulso al destino de la Segunda División, se siguió escatimando en fichajes y salarios porque había que equilibrar la economía del club, confiando que un golpe de suerte consiguiera la ansiada salvación. El resultado ya lo conocen: el Betis, en Segunda División con 24 millones de euros de beneficio. No se supo, no se pudo, o no se quiso frenar a tiempo. ¿Los perjudicados?: el club (el sistema), cuyas prestaciones no serán las mismas ni de similar calidad (el Betis no se enfrentará la próxima temporada a los mejores clubes de España); los profesionales, que verán mermada su economía, su profesionalidad y su credibilidad muy sensiblemente; y los aficionados (los ciudadanos), que no podrán contar ni con los mejores profesionales ni con los mejores medios a partir de la pérdida de la categoría. Las arcas, eso sí, llenas y dispuestas a abordar otras iniciativas en función de nuevos estudios de viabilidad, o nuevas estrategias deportivo-económicas.
En sanidad está ocurriendo algo parecido. Se ha legislado excesivamente, alegremente, promulgando medidas de recorte sin control sobre el gasto en medicamentos dispensados en las oficinas de farmacia, para equilibrar los presupuestos sanitarios, cuando todos debían saber que la causa real del desajuste no era esa. El resultado puede ser similar al obtenido por el Betis: 24 millones de ahorro y la sanidad española en Segunda División.
